Los impuestos verdes de la Ley valenciana de Cambio Climático no se aplicarán hasta 2025

La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que incluye tres nuevos impuestos verdes, ha recibido este jueves el visto bueno definitivo del pleno de Les Corts a seis meses de las elecciones, aunque estos tributos no se aplicarán finalmente hasta 2025. Eso si, como sucede con la tasa turística o las subidas tributarias a las rentas altas, no las deroga otro gobierno tras las elecciones del próximo año, como ha anunciado que hará el PP. Se trata de tributos que gravarán las emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos contaminantes y las grandes superficies que generan movilidad.

Para los grupos que dan apoyo al Consell se trata de una norma "más necesaria que nunca" que no se podía retrasar más, mientras la oposición rechaza los nuevos impuestos y advierte de una posible invasión de competencias estatales. Tras una tramitación en la que los socialistas plantearon varias enmiendas en solitario en la que finalmente hubo acuerdo, el PSPV, Compromís y Unides Podem han votado a favor, PP y Vox en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

En concreto, los reparos del PSPV buscaban rebajar el impacto fiscal en el sector azulejero, muy afectado por la crisis energética por su alta dependencia del gas, lo que llevó a sus socios a exigir "coherencia" con el pacto de gobierno. Sin embargo, hace unas semanas, los grupos del Botànic llegaron a un acuerdo sobre las tasas, de manera que las empresas se las puedan desgravar durante cinco años "siempre y cuando hagan inversiones potentes en eficiencia energética, mejoras concretas y efectivas". De este modo, se estableció una deducción de hasta el 100% del impuesto a las emisiones para las empresas que emitan menos de 20.000 kilotoneladas de CO2 al año, siempre que acrediten inversiones orientadas al control, prevención y corrección de la contaminación certificadas medioambientalmente por una entidad acreditada. También se introdujo una moratoria para su aplicación a partir del 1 de enero de 2025.

El objetivo de la Ley de Cambio Climático es reducir las emisiones hasta un 40% en 2030 y alcanzar la neutralidad en 2050. Contempla mecanismos para agilizar la implantación de instalaciones renovables promovidos por cooperativas, comunidades energéticas locales o ayuntamientos, así como la creación de una red pública de puntos de recarga, la introducción de la educación ambiental en el currículo escolar y el impulso a las titulaciones de FP.

Tanto las administraciones públicas como el sector privado tendrán que calcular su huella de carbono y hacer planes de reducción, junto a la creación de un registro público de la huella hídrica y el fomento de las prácticas ecológicas.

Pese al acuerdo logrado con esta norma, las energías renovables siguen siendo motivo de enfrentamiento entre los socios del Botànic, como ha escenificado desde la tribuna la síndica de Compromís, que ha mostrado a Puig su decepción por la falta de entendimiento con el PSPV para crear la Agencia Valenciana de la Energía. El jefe del Consell ha replicado que habrá acuerdo, aunque remarcó que esta entidad "solo es un instrumento" para lograr el objetivo de la descarbonización en 2030. Robles ha utilizado su turno de réplica para pedir que se aceleren las renovables y "no beneficiar a las grandes compañías eléctricas".

La CEV critica la tasa turística

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha cargado contra la tasa turística, que finalmente se ha aprobado en Les Corts con el apoyo del Botànic. Sostiene que restará competitividad a la Comunitat y lastrará la recuperación. Desde el PP, Carlos Mazón ha insistido en que la derogará si gobierna.